La denuncia de la Procuraduría General de la República contra jueza de San Cristóbal sobre permiso a internos, muestra desorden, incapacidad y maldad

 

Hace unos días hemos venido observando la  denuncia por parte de la Procuraduría General  de la República  de permisos a más de medio centenar de internos irregularmente según el órgano, contra la Jueza Interina de la Ejecución de la Pena de san Cristóbal,  magistrada Katherine Rubio, al observar la forma de hacer la denuncia no hay que hacer muchos esfuerzos para ver la existencia de una actuación encaminada más a dañar que a corregir, donde parece  manipularse información y  magnificar el hecho para hacerlo parecer fuera de toda normativa legal y atribución, esto junto al terror que tiene el país por la ola de crímenes que nos arropa y el desconocimiento, permite concitar fácilmente el respaldo de la opinión pública; un niño de 11 años bien aplicado en los estudios pudiera concluir que se trata de una especie de planificación maliciosa.

¿Por qué desorden?:

El ministerio público ha alegado un conjunto de faltas cometidas para la emisión de los permisos, parece desconocer la conducta de al menos parte de los internos y su historial y muestra haberse enterado después que decenas de estos permisos han sido ejecutados, permisos que son analizados conjuntamente con las direcciones de los centros del sistema carcelario, esto indica que la procuraduría aunque es el órgano que dirige el sistema penitenciario, no tiene control de él y sabe poco de lo que ocurre.

¿Por qué Incapacidad?:

La Procuraduría fundamenta sus actuaciones en parte, alegando que se trata de internos que guardan prisión por casos muy sonados, drogas, sicaritos, violaciones, esto sin dudas constituye una violación a la ley 224 sobre Régimen penitenciario, además  a la propia Constitución, es que el sistema carcelario su espíritu, las razones de su existencia fundamentalmente es la rehabilitación del ser humano que ha cometido un delito y por tanto recibe una sanción privativa de libertad, no existe en nuestras legislaciones una categoría de delitos para poder ser beneficiado con un permiso, por tanto coincidir con la Procuraduría General de la República en esta parte seria discriminatorio y contrario a la ley.

¿Por qué maldad?: 

La posibilidad de platear los hechos diferentes a como pudieran haber ocurrido, con el posible interés de manipular la opinión pública, creando un escenario posiblemente irreal, ha expensa de la salud de la reputación de una miembro del Poder Judicial, es dañino y malicioso; si tomamos en cuenta la publicación emitida por la Jueza Presidenta de la Corte de Apelación de San Cristóbal, María Gerabito Ramírez , donde se indica que la mayoría de esos internos habían salido con permisos iguales en años anteriores y habían cumplido y que sus conductas son entre muy buena y buena y por otro lado, si esto lo adicionamos a que una vez se ordena reintegrar los internos a los referidos centros estos no se habían fugados, esto constituye una prueba de que el propósito no era escaparse y que la decisión fue idónea.

Mi Opinión:

Este caso bebería constituir para la Procuraduría General de la Republica, muy a pesar de sus confusas actuaciones en diferentes casos, una satisfacción de los avances del nuevo modelo penitenciario, a pesar de la existencia de niveles de desorden y falta de controles que imperan en diferentes CCR.

Lograr que un interno se rehabilite hasta el extremo de obtener un permiso que le permita salir del centro y lograr que regrese ES AVANSAR NO VIOLAR.

La independencia del Poder Judicial y el cese de las actuaciones persecutorias contra los que administran justicia es un reclamo que debemos hacer todos los dominicanos si queremos una justicia verdadera.

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