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El testaferro uruguayo de Zaplana admite que le gestionó ocho millones de euros

La investigación del conocido como caso Erial, por el que Eduardo Zaplana fue encarcelado el mayo pasado -y puesto en libertad hace poco más de un mes- permite seguir conociendo detalles sobre el entramado que presuntamente habría tejido el exministro del PP y que se indaga en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia.

La causa apunta a una mecánica por la que se habrían creado sociedades mercantiles para optar de forma fraudulenta a la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). A través de esos contratos, se cobrarían comisiones y los fondos se desviarían a sociedades. Para pagar estas mordidas, existirían dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturación a empresas por prestaciones de servicio inexistentes. El dinero desviado se ocultaba en cuentas con la intención de retornarlo a España a través de empresas. Lo cual, al parecer, se consiguió con determinadas cantidades.

El sumario, cuya segunda parte se levantó ayer, desgrana en mayor profundidad el funcionamiento de esta malla societaria para gestionar los 10,5 millones de euros en los que la Guardia Civil cuantifica los presuntos sobornos. Uno de los testimonios más interesantes que se recogen de investigados es el del abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado testaferro de Zaplana en este país y quien asegura que le llegó a gestionar alrededor de ocho millones de euros. También se encuentra imputado en el caso Lezo por sus vínculos con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, quien acabó en prisión.

Estructura societaria

En una comparecencia como testigo por videoconferencia el pasado 25 de enero, Belhot explica que conoció al exministro en 2009 después de que se lo presentaran «unos conocidos» y que a raíz de su relación tuvo contactos con empresas del IBEX 35. A partir de ese mismo año, comienzan sus negocios con él y con los supuestos testaferros Francisco Grau y Joaquín Barceló.

Aunque inicialmente se le comunica que habían montado una estructura societaria que permitiera a Barceló optimizarse fiscalmente, más tarde el abogado se da cuenta de que «la figura protagónica era el señor Zaplana». Éste había montado Imison Internacional, una sociedad constituida en Luxemburgo también relacionada, según la Guardia Civil, con la familia del exdirector general de la Policía Juan Cotino, pero gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa. Esta empresa se habría utilizado con el objeto de materializar el cobro de 6,4 millones de euros en comisiones ilícitas procedentes de Sedesa (otra empresa de los Cotino).

Imison, explica, tenía participación en otras empresas de la trama. Una dominante en Medlevante, que a su vez participaba en Gesdesarrollos con un 43%. Ésta contaba con participaciones en Costera del Glorio, perteneciente a Joaquín Barceló, y en Turnis Sylvatica, que controlaba Francisco Grau.

El dinero manejado por las dos primeras sirvió para la compra de bienes inmuebles. Entre las operaciones en las que habría participado Zaplana con ayuda de sus presuntos testaferros se cita la compra de unas parcelas en primera línea de playa en la localidad alicantina de Villajoyosa, al parecer reservadas para la construcción de viviendas y hoteles. Belhot explica que Grau y Zaplana habían realizado la compra por cuatro millones y esperaban obtener, tras la recalificación y la venta, ocho millones de euros.

Sobre Imison, el abogado aconseja a Zaplana que una estructura en Uruguay sería más adecuada que la luxemburguesa puesto que en el primer país la evasión fiscal «no es delito» y había una protección económica mucho mayor y una jurisdicción más barata.

El exministro, según el abogado, siguió sus consejos y decidió el traspaso de fondos a dos sociedades uruguayas -Disfey y Misnely- mediante un procedimiento llamado «manejo de activos», con el que se utilizaban estructuras intermedias y después canalizaban todo a una sociedad. A partir de entonces es cuando Belhot se encarga de gestionar el dinero. En total, se trata de una suma de ocho millones de euros, de la cual rendía cuentas puntualmente al exministro siempre de forma verbal, sin contratos, firmas, correos o conversaciones telefónicas directas.

A lo largo de los siete años de colaboración, el abogado asegura que el montante que le ha ido entregando -especialmente durante 2016 y 2017- asciende a los 2,3 millones. La receptora fue, relata, la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez.

Liquidez

Belhot comenta que el exministro se volvió poco partidario de la inversión en inmuebles porque quería «tener liquidez» para, entre otras cosas, un tratamiento al que quería someterse en una clínica de Nueva York. Aun así, mostró interés, asegura, en una operación en el Puerto de Altea junto con Francisco Grau, pero no se llegó a concretar.

El supuesto testaferro uruguayo también indica que el caso de Ignacio González le generó «nerviosismo» a Zaplana por si las informaciones periodísticas lo implicaban.

Belhot describe igualmente unas llamativas inversiones que no dieron buen resultado. Una tiene lugar en terrenos de Panamá y otra en National Geographic. El negocio, explica, estuvo «mal administrado» y tanto Zaplana como otros empresarios «fueron engañados porque perdieron el dinero» (que cuantifica en medio millón de euros).

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